Informe sobre los cargos por alteración del orden público en las escuelas
FECHA: 23 de octubre de 2019
Contacto:
Jeff Jones
Director de Comunicación
Centro de Justicia y Asistencia Jurídica
jeff@justice4all.org
(804)869-1040
UN NUEVO INFORME REVELA CÓMO EL ESTATUTO DE CONDUCTA DESORDENADA DE VIRGINIA SE APLICA DE FORMA DESPROPORCIONADA A LOS ESTUDIANTES NEGROS
En los últimos tres años, los alumnos negros constituían aproximadamente el 22% de la población escolar de Virginia, pero representaban de media más del 62% de las denuncias penales por alteración del orden público en centros escolares.
Richmond, VA – El Legal Aid Justice Center (LAJC), ha publicado hoy un nuevo informe «Despenalizar la infancia, poner fin a la detención en la escuela por conducta desordenada» que muestra cómo el sistema escolar de Virginia está acusando a los estudiantes negros, y las niñas negras a un ritmo acelerado, con conducta desordenada-un una ley vaga y general que penaliza las alteraciones del orden público de escasa gravedad que no alcanzan el nivel de daños físicos, daños a la propiedad o incluso amenazas, en condiciones de desigualdad con respecto a sus homólogos blancos. Los autores piden la derogación de la parte del estatuto relativa a la escuela, evitando que los estudiantes se vean implicados innecesariamente en el sistema jurídico penal.
La autora del informe, Amy Woolard, abogada del LAJC, afirma: «En el fondo, los cargos por alteración del orden público en la escuela son implementaciones de lo que a menudo son sistemas punitivos -aplicación de la ley y tribunales de delincuencia- utilizados inadecuadamente para abordar problemas escolares o del sistema sanitario y, a veces, para abordar comportamientos que no son en absoluto un problema significativo, sino simplemente una característica del desarrollo normal de los adolescentes».
El informe describe cómo esta aplicación subjetiva de la ley causa un daño real a los jóvenes afectados, desde la interrupción de su educación hasta el trauma de la implicación en los tribunales; cómo el daño puede extenderse más allá del estudiante a la familia; y cómo su uso complica el papel de los Agentes de Recursos Escolares y crea un sistema de doble castigo cuando se combina con los procedimientos disciplinarios escolares tradicionales.
«La conducta desordenada es, por ley y por diseño, el delito que el Estado utiliza contra ti cuando no puede encontrar ningún otro delito», dijo Rachael Deane, directora jurídica del programa Justchildren del LAJC. «Las escuelas son entornos de aprendizaje, no sólo para adquirir conocimientos académicos, sino también para permitir que los jóvenes aprendan las habilidades conductuales, sociales y de resolución de conflictos que conforman su madurez positiva. Para ello, debemos permitirles no sólo cometer errores, sino recuperarse de ellos sin consecuencias duraderas como el abandono escolar, la implicación en los tribunales y los antecedentes juveniles.»
El informe está disponible en www.justice4all.org/disorderlyconduct2019
