El Tribunal da luz verde a una demanda contra el ICE
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Hallie Ryan
Abogada Directora del Centro de Justicia de Asistencia Jurídica
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Un tribunal federal ha dado luz verde a una demanda contra el uso por parte del ICE de allanamientos de morada y detenciones de vehículos sin orden judicial, denegando la petición del gobierno de desestimar la demanda y permitiendo que ésta continúe con la presentación de pruebas. Se trata de una de las primeras sentencias de este tipo desde que el presidente Trump asumió el cargo.
El caso tiene su origen en dos casos distintos ocurridos el año pasado en los condados de Arlington y Fairfax, en Virginia, y alega que un equipo de agentes del ICE empleó métodos ilegales de registro y confiscación, junto con perfiles raciales, para detener a nueve residentes.
En el primer incidente, Agentes del ICE invadieron la casa de un ciudadano estadounidense en el condado de Arlington sin una orden judicial a primeras horas de la mañana. Los demandantes alegan que los agentes fueron de dormitorio en dormitorio, incluso irrumpieron en el de una abuela y un niño dormidos, y acorralaron a todos los ocupantes latinos sin ningún motivo para creer que habían cometido algún delito o violado las leyes de inmigración. Los agentes preguntaron entonces al propietario si había otras «familias españolas» en el barrio.
En el segundo incidente, dos hombres latinos del condado de Fairfax se dirigían al trabajo cuando un todoterreno sin distintivos impidió que su coche saliera de su plaza de aparcamiento. La demanda alega que los mismos agentes del ICE saltaron del todoterreno y procedieron a detener a los hombres sin motivo alguno para creer que habían cometido delito alguno o violado las leyes de inmigración.
La demanda, presentada el otoño pasado por el Centro de Justicia de Ayuda Legal y el bufete de abogados Covington & Burling LLP contra los agentes del ICE implicados en los dos incidentes, sostiene que se violaron los derechos constitucionales de los demandantes, recogidos en la 4ª y 5ª Enmiendas, cuando se les dio el alto y se registraron sus domicilios, y que los demandantes fueron objeto de estos registros ilegales por su origen étnico latino. (La 4ª Enmienda de la Constitución protege a las personas en EEUU contra registros e incautaciones irrazonables, garantizando que las fuerzas de seguridad deben tener un motivo creíble para creer que la persona está implicada en una actividad ilegal para registrarla y/o detenerla. La cláusula de igualdad de protección de la 5ª Enmienda protege contra la elaboración de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden).
En la sentencia del 5 de abril, el Tribunal de Distrito de Alexandria consideró que los demandantes habían alegado que los agentes del ICE habían violado sus derechos constitucionales y que el tribunal tenía jurisdicción para conocer del caso.
Lee la resolución judicial (PDF)
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