Demanda Colectiva de Suspensión de Licencia: Declaración de los demandantes
Anoche, la oficina del Fiscal General presentó una moción para desestimar el caso Stinnie contra Holcomb, una demanda que impugna la práctica de Virginia de suspender automáticamente los permisos de conducir por deudas judiciales impagadas sin indagar en la situación económica del deudor.
A los demandantes les decepciona que la Fiscalía General intente basarse en tecnicismos procesales para cerrar las puertas de los tribunales a cientos de miles de virginianos que sólo quieren tener la oportunidad de presentar su caso ante el tribunal. «El Estado está defendiendo lo indefendible», declaró Angela Ciolfi, abogada principal del LAJC. «Desde que se presentó la denuncia, el Centro de Ayuda Jurídica y Justicia ha recibido una avalancha de llamadas de personas que no pueden salir de la trampa de la deuda judicial. Hemos oído la tensión y la desesperación en sus voces cuando describen cómo tienen que elegir entre pagar al juzgado y pagar el alquiler, cómo no pueden encontrar o mantener un empleo debido a la falta de fiabilidad del transporte, y cómo han tenido que ir a la cárcel sólo por ir en coche al trabajo.»
Presentada en nombre de cuatro demandantes nombrados individualmente, la demanda pretende reivindicar los derechos de una clase formada por todas las personas cuyos permisos de conducir de Virginia están suspendidos por deudas judiciales impagadas y que, en el momento de la suspensión, no podían pagar debido a sus circunstancias económicas. La demanda se presentó el 6 de julio de 2016 ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito Oeste de Virginia. En ella se pide al tribunal federal que anule la ley de licencia por pago como inconstitucional, ordene al Comisario del DMV demandado que deje de suspender licencias y restituya las licencias de todos los conductores que fueron sancionados por incapacidad de pago.
Casi un millón de conductores de Virginia tienen actualmente suspendido el permiso de conducir por no pagar las costas judiciales y las multas. Para muchos conductores eso significa renunciar a su único medio de transporte para ir al trabajo, lo que les obliga a elegir entre perder su empleo o arriesgarse a ser encarcelados por conducir ilegalmente.
La demanda sostiene que estas prácticas atrapan a los virginianos con bajos ingresos en un círculo vicioso, privándoles de un transporte legal fiable para llevar a los niños al colegio, acudir a las citas médicas, cuidar a familiares enfermos o discapacitados y, «paradójicamente, para cumplir sus obligaciones financieras con los tribunales.» Por el contrario, la demanda señala que los conductores más ricos tienen pocas dificultades para cubrir las costas judiciales y conservar sus permisos.
Los demandantes confían en sus pretensiones legales y están deseosos de que el caso avance y proporcione alivio a los cientos de miles de personas que han sufrido a merced del sistema de licencia por pago.
Recursos:
Comunicado de prensa del demandante sobre la petición de desestimación del demandado
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