Comentarios del público sobre el Plan de Reurbanización de la RRHA
El viernes 2 de julio, el Legal Aid Justice Center (LAJC) y el Virginia Poverty Law Center (VPLC) presentaron comentarios públicos conjuntos sobre el Plan Anual de la Agencia de Richmond Redevelopment Housing Authority (RRHA) oponiéndose a aspectos significativos del plan.
Nuestra principal preocupación es que el plan reducirá el número de viviendas de protección oficial en Richmond, lo que afectará de forma desproporcionada a la población de color. En la actualidad, la RRHA tiene previsto reurbanizar todas sus comunidades de viviendas públicas, convirtiendo urbanizaciones con un 100% de ingresos bajos, como Creighton Court, en comunidades de ingresos mixtos. Si no se sustituye uno por uno, se reducirá considerablemente el número de unidades asequibles para el grupo de inquilinos con rentas más bajas. El propio plan de la agencia RRHA afirma que hay más de 11.000 familias en su lista de espera de vivienda pública, el 82,4% de las cuales tienen ingresos extremadamente bajos y el 88% de las familias en lista de espera son negras.
LAJC y VPLC solicitan que RRHA adopte la sustitución uno por uno en sus planes de reurbanización, lo que significa que por cada unidad de vivienda de protección oficial demolida, se construiría otra.
La principal solución de la RRHA para los inquilinos desplazados por las actividades de reurbanización es proporcionar vales para su uso con arrendadores privados. Aunque los vales permiten una flexibilidad que puede ser preferida por algunos inquilinos, sigue siendo problemático sustituir las viviendas de protección oficial reales por vales portátiles sin reconstruir también las viviendas de protección oficial reales. Los grandes propietarios ya no pueden discriminar a los titulares de vales gracias a las leyes de Vivienda Justa aprobadas recientemente, pero los pequeños propietarios de cuatro o menos unidades aún pueden negarse legalmente a alquilar a los titulares de vales. Además, los arrendadores privados suelen tener criterios de selección más estrictos, como requisitos crediticios, que dejan fuera a las familias con bajos ingresos, lo que limita las opciones. Además, el gobierno federal puede reducir fácilmente la financiación de los vales, mientras que las unidades reales con subsidios elevados garantizan la disponibilidad a largo plazo de viviendas asequibles para inquilinos con ingresos muy bajos.
El comentario público también pide cambios en las políticas de arrendamiento y solicitud de la RRHA, sobre todo en las políticas de investigación de antecedentes penales, incluida la actualización de la lista de delitos excluyentes, y que la RRHA sólo examine los antecedentes penales de los últimos cinco años de un posible inquilino. El comentario público pide cambios similares en el programa de vales de la RRHA, ya que sus actuales normas de selección excluyen a muchos solicitantes con antecedentes penales que pueden recibir vales en virtud de la normativa del HUD.
Y dado que la marihuana se legalizó el 1 de julio de 2021, LAJC y VPLC solicitan que se elimine formalmente la marihuana como motivo de rescisión del contrato de arrendamiento. La RRHA ya ha eliminado los delitos relacionados con la marihuana de su lista de denegación de antecedentes penales, pero no está claro si el consumo de marihuana podría seguir dando lugar a la rescisión del contrato de arrendamiento de un inquilino.
Los grupos también señalan que el plan de la RRHA se elaboró sin que los inquilinos tuvieran suficientes oportunidades de hacer aportaciones. La RRHA presentó el plan a su Consejo de Administración más de dos semanas antes de que finalizara el plazo de presentación de observaciones por escrito. Además, la RRHA no avisó con la antelación legalmente exigida de 45 días antes de la audiencia pública sobre el plan, por lo que la gente no dispuso de tiempo suficiente para prepararse para la audiencia.
Puede leer el texto del comentario público dejado por LAJC y VPLC aquí.
