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En 2007 lanzamos una eficaz campaña de relaciones públicas, litigios y medios de comunicación sobre la cuestión de las tasas escolares inconstitucionales que gravan especialmente a las familias con bajos ingresos. En 2008, el Consejo de Educación de Virginia acordó revisar su normativa -que no se revisaba desde 1980- y las ciudades de Roanoke y Harrisonburg eliminaron por completo las tasas escolares. La normativa final deja claro que no se puede cobrar a los alumnos de las escuelas públicas por los programas de enseñanza, y permite el cobro de tasas por actividades opcionales y «material fungible» sólo en conjunción con la notificación de una política clara de exención de tasas para los alumnos con dificultades económicas. Esta nueva normativa ha puesto coto a algunos de los peores abusos e incoherencias entre las distintas divisiones escolares y dentro de cada una de ellas.

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