Hace seis años, un superintendente de la cárcel de Charlottesville planteó un grave problema al consejo local de reinserción: la cárcel estaba llena de personas encerradas sólo por conducir con el carné suspendido. Y lo que es peor, perdieron sus licencias debido a deudas con tribunales penales/de tráfico que simplemente no pudieron pagar. Para abordar el problema, el LAJC contrató a abogados pro bono para ayudar a las personas a recuperar sus licencias. No tardamos en darnos cuenta de que intentar ayudar a la gente de uno en uno no funcionaba. Había demasiada gente y demasiadas barreras.

A través de solicitudes de registros públicos, descubrimos que casi un millón de permisos de conducir fueron suspendidos por el estado por deudas judiciales, y más de 600.000 de ellos fueron suspendidos únicamente por ese motivo. También descubrimos que las personas de raza negra se veían perjudicadas de forma desproporcionada tanto por la suspensión del permiso como por conducir con él suspendido.

Así que lanzamos nuestra campaña «Reducir la deuda». Empezamos convenciendo a la Asamblea General para que aprobara una ley que obligara a los tribunales a publicar sus políticas de planes de pago. Este primer paso permitió a los legisladores -y al Tribunal Supremo de Virginia- ver cómo las políticas de pago de la mayoría de los tribunales, a menudo punitivas y de talla única, no tenían en cuenta las dificultades económicas. Nuestra crítica dio lugar a nuevas normas que facilitan a la gente acogerse a planes de pago. Pero no nos detuvimos ahí. Al darnos cuenta de que Virginia no estaba sola, publicamos el primer informe nacional en el que se constataba que 43 estados suspendían licencias por deudas judiciales impagadas.

A lo largo de nuestro trabajo, hemos conocido a personas que luchan heroicamente contra obstáculos imposibles, atrapadas en un ciclo de deudas, suspensión del permiso de conducir, pérdida del empleo, encarcelamiento y más deudas: Una madre de dos hijos que perdió la posibilidad de conducir para ir a su trabajo como auxiliar de cuidados a domicilio y, con ello, su principal fuente de ingresos. Un padre que tenía menos opciones laborales y que no tenía tiempo, utilizando el transporte público, de mantener un segundo empleo para sacar adelante a su familia. Una madre a la que le dijeron que tenía que presentarse en persona para acogerse a un plan de pagos, a pesar de que no podía conducir legalmente. Eran luchadores y aceptaron el reto de colaborar con nosotros para cambiar el sistema.

Hace cuatro años esta semana -6 de julio de 2016- presentamos Stinnie v. Holcomb, una demanda que impugnaba la suspensión de la deuda judicial de Virginia alegando que violaba las garantías constitucionales básicas del debido proceso y la igualdad de protección. A finales de diciembre de 2018, el tribunal sostuvo que la ley probablemente violaba la Constitución y ordenó a Virginia que dejara de aplicar la ley contra nuestros clientes. Junto con el litigio, creamos una campaña legislativa que se convirtió en una gran coalición bipartidista. A medida que el caso avanzaba, nuestros clientes también llevaron sus historias a los pasillos de la Asamblea General y esto, combinado con la presión de la orden judicial federal, ayudó a motivar a los responsables políticos a actuar. En abril de 2019, el Gobernador dio un paso al frente y aprobó una enmienda presupuestaria para detener la práctica en la Commonwealth, pero solo fue un respiro temporal. La legislatura tenía que poner fin por completo a la ley.

Luego, durante la sesión legislativa de 2020, tras seis años de investigación y trabajo individual, cinco años de defensa legislativa y administrativa, cuatro años de litigios, una medida cautelar crítica y una solución temporal a través de una enmienda al presupuesto de Virginia, llegamos a la derogación total de esta ley perjudicial e inconstitucional por una votación abrumadora en ambas cámaras de la legislatura.

El 1 de julio de 2020, silenciosamente junto a los cientos de otras leyes aprobadas por la Asamblea General de Virginia en esta última sesión legislativa, la ley de suspensión de deudas judiciales dejó de existir. Los virginianos ya no serán suspendidos por ser pobres y podrán tener una verdadera oportunidad de restaurar sus vidas de los daños que se han derivado de esa política rota. Sabíamos que el camino sería largo, pero estamos orgullosos de haber llegado a este aniversario y de haber cambiado Virginia -y la vida de cientos de miles de familias- para mejor.

Damos las gracias a todos los que hicieron posible el 1 de julio, desde socios pro bono como McGuire Woods, hasta audaces responsables políticos y firmes socios de coalición como el Virginia Poverty Law Center y Americans for Prosperity. Pero agradecemos especialmente a Damian Stinnie, que nos dejó contar su historia una y otra vez y dio su nombre al litigio; a Adrainne Johnson, que testificó con tanta fuerza en la vista del requerimiento judicial preliminar; a Brianna Morgan, que habló sobre su experiencia y su esperanza de un futuro mejor; y a todos los demás clientes que se sentaron a declarar y dejaron que los abogados del Estado interrogaran sus finanzas y cuestionaran las estrategias que han utilizado para sobrevivir a esta brutal ley y mantener a sus familias. Y por último, saludamos el duro trabajo y la perseverancia de los cientos de miles de personas al año que han conseguido cuidar de sí mismos y de sus familias, a pesar de la trampa de la suspensión del permiso.