Sesión AG 2021 – Prioridades LAJC

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Reforma del sistema judicial penal

• Cancelación de antecedentes penales – La ley de cancelación de antecedentes penales de Virginia necesita cambios urgentes. Debemos crear un sistema automático de cancelación de antecedentes penales que sea equitativo, de gran alcance, automático y gratuito.
• Multas y tasas judiciales – El dinero que deben las personas implicadas en el sistema judicial penal es un serio obstáculo para que puedan superar su peor día. Virginia debe publicar datos demográficos que muestren cómo se imponen las multas y tasas judiciales a los distintos grupos de virginianos en todo el estado. A medida que buscamos una reforma más amplia del sistema de multas y tasas judiciales, hay un par de cambios fáciles que podemos hacer ahora y que mejorarán la vida de la gente, como eliminar automáticamente el devengo de intereses durante el encarcelamiento y eliminar los pagos iniciales para acceder a los planes de pago.
• Sistema de prisión preventiva – El sistema de prisión preventiva de Virginia encarcela a demasiadas personas -especialmente a residentes de raza negra y parda- antes incluso de que se hayan examinado los hechos de su caso. Pero los datos sobre cómo funciona este sistema y a quién afecta son inaccesibles, lo que dificulta cualquier reforma significativa. Deben ponerse a disposición datos abiertos exhaustivos. También debemos poner fin a las presunciones contra la libertad provisional que no dan a los funcionarios judiciales más opción que el encarcelamiento simplemente porque una persona está acusada de un determinado delito, independientemente de la situación, o en función de su estatus migratorio. Y debemos asegurarnos de que la primera comparecencia de una persona ante nuestros tribunales tenga sentido, garantizando el acceso a un abogado y a la información necesaria para abogar por la puesta en libertad antes del juicio.
• Derogación del legadode delincuente habitual – Este proyecto de ley completará la derogación de la designación de delincuente habitual que creó castigos excesivamente duros, incluyendo el tiempo de prisión obligatoria, para los conductores que todavía reciben cargos y consecuencias mayores por un comportamiento tan mínimo como conducir con una licencia suspendida. Aunque en 1999 la AG derogó la ley de delincuencia habitual, no lo hizo con carácter retroactivo. Este proyecto de ley eliminará la etiqueta para las aproximadamente 32.000 personas que llevan décadas soportando sus efectos y ordenará que se les restablezca el permiso de conducir si cumplen los demás requisitos.

Derechos de los inmigrantes

• De-ICE State Mental Health Facilities – Este proyecto de ley derogaría la ley de Virginia que obliga a los centros estatales de salud mental a examinar la situación migratoria de sus pacientes y a denunciar a los inmigrantes (documentados e indocumentados) ante el ICE. El estatuto no sirve para nada, salvo para aislar y segregar el tratamiento de los inmigrantes que buscan cuidados críticos. Les disuade de acceder a los servicios de salud mental por temor a que puedan ser deportados o se les deniegue la tarjeta de residencia.
• Confidencialidad de la tarjeta de privilegio de conductor – La recién promulgada ley del carné de conducir de Virginia no impide adecuadamente que el ICE utilice los datos del DMV para efectuar detenciones civiles de inmigrantes.Virginia debe impedir que estos datos sean utilizados por el ICE para hacer solicitudes masivas de datos o para utilizar información de direcciones individuales con fines de aplicación de la ley de inmigración civil.
• Ayuda financiera para DREAMers – En 2020, la Asamblea General amplió los beneficios de matrícula estatal a todos los estudiantes universitarios que crecieron y se graduaron de la escuela secundaria en Virginia, independientemente de su estatus migratorio. Este proyecto de ley haría que esos estudiantes inmigrantes residentes en el estado pudieran optar a ciertas formas de ayuda financiera financiada por el estado para la universidad.
• Estatuto Especial de Inmigrante Juvenil – Aunque la ley federal permite a los jóvenes inmigrantes menores de 21 años que huyen de abusos, abandono o negligencia solicitar el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, la ley estatal de Virginia erige barreras que hacen imposible que los jóvenes adultos de 18 años o más completen algunos de los pasos necesarios para solicitarlo. Este proyecto de ley eliminaría esas barreras innecesarias, permitiendo a más jóvenes inmigrantes de Virginia buscar protección permanente en Estados Unidos.

Reforma sanitaria

• Prescripción en el cobrode deudas médicas – Los hospitales públicos no deben quedar exentos de la prescripción en el cobro de deudas. Todas las deudas médicas, incluidas las deudas contraídas con hospitales que son organismos de la Commonwealth, deberían prescribir a los tres años, en consonancia con los plazos de prescripción existentes para otros tipos de contratos no escritos en Virginia.

Reforma de la vivienda

• LAJC aboga por los proyectos de ley relacionados con la vivienda liderados por el Virginia Poverty Law Center que aumentan la protección de los inquilinos y abordan la actual crisis de desahucios en nuestro estado. Puede leer más aquí.

Reforma de la protección de los trabajadores

• Exenciones del salario mínimo para trabajadores agrícolas y trabajadores invitados – Virginia sigue eximiendo a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores migrantes con visados H-2 de las protecciones de la Ley de Salario Mínimo de Virginia. Ya es hora de que deroguemos estas exenciones, arraigadas en el racismo, y garanticemos que estos trabajadores esenciales se beneficien de esta protección laboral básica.
• Seguro de desempleo – El sistema de desempleo tiene que funcionar para quienes se encuentran sin trabajo para mantener a sus familias. Deben introducirse cambios en múltiples ámbitos, desde la recaudación de los pagos excesivos hasta la participación puntual de los empresarios.
• Estrés térmico de los trabajadores – Los trabajadores de Virginia no disponen de protecciones obligatorias contra las enfermedades causadas por el calor. Debemos adoptar una normativa exhaustiva sobre el estrés térmico con un derecho de acción privado para proteger a los trabajadores de Virginia de las enfermedades causadas por el calor, que cada año provocan graves enfermedades, lesiones y muertes en el lugar de trabajo.

Justicia juvenil y reforma educativa

• Educación pública equitativa – Virginia lleva décadas sin dotar de recursos suficientes a su sistema educativo PK-12, lo que ha creado enormes brechas en el acceso a las oportunidades para nuestros hijos. La Ley de Equidad Escolar y Dotación de Personal crearía una estructura de financiación escolar más equitativa, dirigiendo más dinero estatal a las divisiones escolares con menos recursos. La ley también proporcionaría más personal de apoyo a los estudiantes y más tutoría y apoyo a los profesores.
• «Nuestro sistema de justicia juvenil debería apoyar el bienestar y la estabilidad de todos los jóvenes y sus familias, pero la ley actual de Virginia exige el cobro de pagos a las familias de los jóvenes internados en el Departamento de Justicia Juvenil. El sistema es contraproducente, extractivo y agrava las diferencias raciales y étnicas existentes. Virginia debe poner fin a esta práctica perniciosa.
• Desencarcelamiento juvenil – Un rasgo distintivo de nuestro sistema de justicia juvenil es la facultad de los tribunales para evaluar los progresos de cada joven y modificar las sentencias según proceda. En casos de todo el estado, los fiscales han buscado acuerdos de culpabilidad que pretenden renunciar a la oportunidad de un joven a estas importantes audiencias de debido proceso de «liberación y revisión». Virginia debe proteger los derechos de los jóvenes a estas audiencias y aclarar que no son renunciables ni están sujetos a restricciones mediante acuerdos de culpabilidad.
• Enmienda presupuestaria: Desinvertir en el Fondo de Subvenciones SRO, Invertir en Equidad de Recursos – Virginia incentiva la vigilancia escolar en las divisiones escolares locales con fondos estatales para subvenciones para contratar a Oficiales de Recursos Escolares y de Seguridad Escolar. Dada la pérdida de instrucción y apoyo a los estudiantes durante nuestra crisis de educación pública sin precedentes, debemos dirigir esta financiación estatal al programa At-Risk Add-On para apoyar aún más la capacidad de todas las divisiones escolares locales para adaptar de forma más directa y flexible las necesidades de personal y apoyo para los estudiantes económicamente desfavorecidos.