Declaración sobre la demanda federal contra la ley de matrícula estatal de Virginia
El Centro de Justicia de Ayuda Legal condena la demanda federal presentada ayer contra la ley de matrícula estatal de Virginia. Queremos asegurar a los estudiantes y familias afectados nada ha cambiado. La ley de Virginia sigue en vigor. El proceso legal llevará tiempo, y Virginia tendrá la oportunidad de defender su ley ante los tribunales.
La ley de matrícula estatal de Virginia fue promulgada correctamente por la Asamblea General mediante el proceso legislativo democrático. Una demanda presentada no puede anular o cambiar unilateralmente una ley estatal: sólo una sentencia judicial o el proceso legislativo de Virginia pueden hacerlo, y este caso no ha hecho más que empezar.
Virginia tiene autoridad para establecer los criterios de elegibilidad de sus propias universidades públicas, y la Asamblea General diseñó esta ley con pleno conocimiento de las disposiciones federales. La ley se elaboró cuidadosamente para cumplir los requisitos federales.
La ley de matrícula de Virginia está diseñada para reconocer las contribuciones de todos los estudiantes que han asistido a las escuelas de Virginia, se han graduado y han cumplido sus obligaciones fiscales estatales, sin tener en cuenta su situación de inmigración o residencia en el estado. El acceso a una educación superior asequible es una inversión en las contribuciones futuras de los estudiantes que han crecido en la Commonwealth y merecen tener oportunidades en sus estados de origen.
Estamos con los estudiantes y las familias inmigrantes de Virginia. Se calcula que 13.000 estudiantes indocumentados cursan estudios superiores en Virginia, y aproximadamente 5.000 estudiantes indocumentados se gradúan anualmente en los institutos de Virginia. Estas cifras ponen de relieve tanto el impacto humano real de la ley de Virginia como la proporción relativamente pequeña de la población total de estudios superiores que representan realmente los estudiantes indocumentados.
El acceso a una educación superior asequible fortalece nuestras comunidades y nuestra economía. Mientras el LAJC sigue supervisando este caso, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que el gobierno federal respete la autoridad estatal y permita que Virginia siga proporcionando un acceso equitativo a la educación superior a todos los estudiantes cualificados. La educación debe ser un puente hacia la oportunidad, no un campo de batalla para litigios con motivaciones políticas.
