Declaración – Fondos para la defensa contra los desahucios en Charlottesville
El Centro de Justicia y Asistencia Jurídica aprecia enormemente el compromiso del Ayuntamiento de Charlottesville con la justicia en materia de vivienda en Charlottesville, y aplaudimos su reciente voto para aprobar la financiación de un programa de prevención de desahucios. También queremos expresar nuestra gratitud a la valiente e increíblemente eficaz defensa de nuestros socios y aliados en la comunidad, que siguen manteniendo la vivienda y la falta de hogar en el primer plano de las conversaciones de nuestra ciudad.
El país se enfrentaba a una crisis de desalojos masivos antes de la pandemia. Solo en Charlottesville, se atendieron 647 demandas de desahucio en 2019. Como las desigualdades estructurales que crearon esa crisis no han remitido, sino que se han exacerbado, podemos suponer que las tasas de desahucios volverán, como mínimo, a los niveles anteriores una vez expiren las protecciones inspiradas en el COVID, y es muy probable que sean mucho más elevadas.
Entendemos que la intención del programa municipal es ampliar los servicios jurídicos directos para hacer frente a la crisis inmediata de desahucios, al tiempo que se crean estrategias a largo plazo para prevenir los desahucios y los desplazamientos a largo plazo. Si se combina con una ayuda del condado de Albemarle, el programa tendría una duración de tres años. Nos gustaría aclarar que el nivel de financiación asignado es insuficiente para garantizar un abogado a todas las personas que se enfrentan a un desahucio. Un verdadero programa de derecho a asistencia letrada que proporcione representación completa al 100% de las personas y familias que se enfrentan a un desahucio requeriría una enorme cantidad de recursos adicionales y seguiría sin cambiar la dinámica subyacente de la falta de opciones de vivienda asequible. El derecho a la asistencia letrada también exigiría cambios jurídicos, políticos y de procedimiento, algunos de los cuales podrían requerir medidas a nivel estatal que incorporen el refugio no sólo como un derecho humano, sino también como un derecho protegido legalmente.
El alojamiento es un derecho humano básico. Salvaguardar ese derecho exigirá medidas locales, estatales y nacionales para ampliar el acceso a una vivienda asequible y extender y ampliar las protecciones legales para quienes se enfrentan a la falta de vivienda o al desplazamiento.
Estamos deseando trabajar con el personal municipal en el alcance del proyecto.
