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Comunicado de prensa: Un nuevo recurso revela 32 contratos de gobiernos estatales y locales con el ICE en todo Virginia

RICHMOND, VA – Un nuevo recurso en línea del Centro de Asistencia Jurídica y Justicia (LAJC) detalla cómo numerosas fuerzas del orden de todo Virginia, así como agencias estatales y cárceles regionales, han contratado a la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar tareas ajenas a su misión que pueden exceder su autoridad o entrar en conflicto con la ley y la constitución del estado de Virginia.

Actualmente, en Virginia existen al menos 32 «acuerdos 287(g)» (denominados así por la sección de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad que hace referencia a ellos), y 223 miembros del personal estatal y local han sido designados para participar en virtud de estos acuerdos, incluidos dos agentes de recursos de seguridad en escuelas públicas y un defensor de la salud conductual. La cárcel de Riverside, situada en el condado de Prince George, recibe más de la mitad de sus ingresos por retener a personas para el ICE. A menudo, estos acuerdos se crearon en secreto, y los organismos se mostraron reacios a compartir información sobre ellos en respuesta a nuestras peticiones, y un número significativo nos dijo que no estaban autorizados a responder a nuestras peticiones por orden del ICE.

«Las fuerzas de seguridad locales con acuerdos 287(g) tienen ahora un enorme incentivo económico para abandonar su misión de proteger a las comunidades en favor de aterrorizar a las poblaciones inmigrantes» , declaró Alex Kornya, Director de Litigios del LAJC. «Los contratos con el ICE, a menudo envueltos en el secreto, no sólo son un mal uso del tiempo y los recursos, sino que también exponen a estas agencias a una responsabilidad significativa, responsabilidad que pagarán en última instancia los contribuyentes de Virginia.»

El 17 de enero, la gobernadora Spanberger anuló la Orden Ejecutiva nº 47, que había ordenado a la Policía Estatal de Virginia y al Departamento Correccional de Virginia firmar contratos con el ICE y animaba a las fuerzas de seguridad locales a colaborar con el ICE. Posteriormente, el estado firmó contratos adicionales con el ICE que no están prescritos en la Orden Ejecutiva, como con el Departamento de Recursos de la Fauna y Flora Silvestres. Todos los acuerdos estatales y locales siguen en vigor hasta que una o ambas partes los rescinden. Aún no hay pruebas de que haya finalizado ningún contrato o colaboración entre el ICE y las fuerzas de seguridad estatales.

«La acción de la gobernadora Spanberger de rescindir la OE 47 en su primer día fue un paso importante, ya que estos contratos no hacen nada para que la gente esté más segura», dijo Rohmah Javed, Director Jurídico del Programa de Justicia para Inmigrantes del LAJC. «Las comunidades inmigrantes de todo el estado están aterrorizadas. Estos acuerdos erosionan la confianza, haciendo mucho menos probable que los inmigrantes busquen los servicios que necesitan, denuncien los delitos de los que son testigos o los que han sufrido como víctimas, o participen en sus comunidades. Pero necesitamos ver una acción inmediata tanto a nivel estatal como local para poner fin oficialmente a estos acuerdos abusivos.»

El recurso en línea incluye el acceso a los documentos originales obtenidos por el LAJC a través de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información de Virginia, un mapa que muestra los condados y agencias actualmente contratados por el ICE, y una explicación sobre qué son estos acuerdos, cómo funcionan y cómo socavan la seguridad pública, crean miedo, desvían recursos y generan responsabilidades tanto para las agencias como para los contribuyentes. Puedes consultar el recurso en línea en www.justice4all.org/ICEcontracts.

Se presentará legislación en la Asamblea General de Virginia de 2026 para impedir el uso de recursos locales para la aplicación de las leyes federales de inmigración. El LAJC colabora con los legisladores para impulsar éstas y otras medidas destinadas a proteger a las comunidades de inmigrantes. Más información en www.justice4all.org/policy.

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