Nuevo informe sobre las prácticas de cobro de deudas de los tribunales
Según un análisis publicado hoy por el Centro de Justicia de Asistencia Jurídica (LAJC), la mayoría de los Tribunales Generales de Distrito de Virginia han hecho caso omiso de las recomendaciones emitidas el verano pasado por el Consejo Judicial de Virginia, máximo órgano estatal de formulación de políticas judiciales, o se han quedado muy cortos en su cumplimiento, con el fin de ayudar a los residentes con bajos ingresos a pagar las multas y costas judiciales.
Como consecuencia, a cientos de miles de residentes con bajos ingresos se les suspende el permiso de conducir cuando no pueden cubrir las costas judiciales. Para muchos conductores eso significa renunciar a su único medio de transporte para ir al trabajo y obligarles a elegir entre perder su empleo o arriesgarse a ser encarcelados por conducir ilegalmente.
LAJC pide a los tribunales de Virginia que hagan
mucho más para garantizar que los residentes del estado que no puedan pagar sus deudas judiciales no se vean atrapados por políticas de pago mal concebidas, poco realistas y contraproducentes. También señala que los virginianos indigentes deberían recibir una consideración adicional, como renunciar a la suspensión del permiso de conducir cuando la pobreza impida el pago. «A estas personas se les debe ofrecer una forma de mantener el permiso de conducir, y su medio de vida, a pesar de su pobreza», afirma el análisis.
