Se ha presentado un escrito de amicus curiae en apoyo de las leyes que limitan la colaboración con el ICE
Hoy, el Legal Aid Justice Center ha presentado un escrito de amicus curiae en el caso Estados Unidos contra Commonwealth, en el que la administración Trump pide a un tribunal federal que anule una ley recién aprobada (Código de Virginia, § 15.2-1726.1) que establece directrices sobre cuándo y cómo las localidades pueden destinar recursos estatales y locales a la aplicación de la legislación federal en materia de inmigración. En el escrito, el LAJC defiende la ley estatal e insta al tribunal a que rechace la solicitud de medida cautelar presentada por Estados Unidos.
El escrito se basa en los muchos años de experiencia del Legal Aid Justice Center representando y defendiendo a los inmigrantes de Virginia y, más recientemente, se apoya en una investigación en profundidad sobre la implicación de las fuerzas del orden estatales y locales en la aplicación de la legislación federal de inmigración. En él se explica que el programa 287(g), que utilizan las autoridades federales de inmigración para que los estados y las localidades les apoyen en sus esfuerzos de control, es totalmente voluntario y está sujeto a los límites y normativas estatales. Respalda la postura del Estado de que la nueva ley de Virginia protege intereses estatales importantes y legítimos, tanto en materia de seguridad pública como de seguridad económica. Además, le da al Estado una mayor capacidad para protegerse frente a demandas presentadas contra fuerzas del orden locales sin experiencia, cuya responsabilidad, tal y como dejan claro los actuales acuerdos del 287(g), recae íntegramente sobre los contribuyentes estatales y locales.
El escrito de LAJC destaca varios ejemplos de cómo los acuerdos 287(g) en Virginia han afectado a las familias de allí. Por ejemplo, a principios de 2026, LAJC representó a un cliente en un recurso federal de hábeas corpus después de que lo detuvieran en el condado de Franklin un agente local que actuaba al amparo de un acuerdo 287(g). Este cliente está casado con una ciudadana estadounidense y tiene una solicitud pendiente para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, en lugar de una multa por llevar la pegatina de matriculación caducada, la parada de tráfico acabó con él esposado delante de su familia, subido a un coche patrulla y trasladado a varios centros de detención durante las semanas siguientes. Por suerte, nuestro cliente pudo conseguir un abogado y, al final, su puesta en libertad, pero solo tras muchas semanas de dificultades extremas.
«El programa 287(g) no encaja con las restricciones legales que Virginia impone a sus propias fuerzas del orden, como los límites a las detenciones sin orden judicial, las leyes de transparencia pública y protección de datos, y las garantías legales para las víctimas de delitos que no son ciudadanos», dijo Angela Ciolfi, directora ejecutiva del Legal Aid Justice Center. «Hay que respetar los esfuerzos de la Asamblea General de Virginia por proteger a los residentes del estado».
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