En enero de 2026, la administración Trump demandó a Virginia (en los últimos días de la administración Youngkin) por una ley que permite a los estudiantes que asistieron a los institutos de Virginia y cuyas familias pagan impuestos en Virginia optar a la matrícula estatal, independientemente de su situación migratoria, llamada Dream Act. Al día siguiente, la Commonwealth se unió a la administración Trump en una petición conjunta de sentencia consentida.

Así que pasamos a la acción.

En nombre del Dream Project, el Legal Aid Justice Center y la ACLU de Virginia presentaron una moción de urgencia para intervenir. La moción pretendía defender la capacidad del Dream Project para llevar a cabo su misión y apoyar a los miles de estudiantes de Virginia que corrían el riesgo de perder el acceso a una educación superior asequible.

Nuestra esperanza era que el tribunal no tomara decisiones rápidas sin la aportación de los directamente afectados y sin que la administración estatal entrante tuviera la oportunidad de cambiar de rumbo.

Funcionó. En una victoria para las comunidades de inmigrantes de Virginia, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia denegó la moción conjunta de Estados Unidos y el Estado de Virginia para anular la Dream Act. La Fiscalía General de Virginia afirmó que defendería esta importante ley, y el Tribunal determinó que ya no era necesaria la intervención exterior. Acudimos al tribunal para asegurarnos de que la Dream Act tuviera una defensa sólida, y conseguimos lo que buscábamos. Los estudiantes pudieron ver defendidos sus sueños.